Gobierno asfixia medios

CNP advierte de peligro sobre la libertad de expresión. La Corporación Maneiro avanza en convertirse en el único ente capaz de importar insumos. El Impulso estuvo a punto de salir de circulación tras quedarse sin material para su elaboración

VANESSA GONZÁLEZ

El Ejecutivo Nacional asume, paulatinamente, el control sobre la distribución del papel para la impresión de la prensa. Con las trabas burocráticas que significa la liquidación de dólares para que medios independientes, en los hechos se ha asfixiado a los periódicos, quienes se han visto en la obligación de reducir sus páginas y, en algunos casos, cesar su circulación.

El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys) registra que en el último año 10 medios impresos han dejado de circular, seis de ellos de forma definitiva y otros cuatro temporalmente. Sin contar, que al menos 34 periódicos y revistas han expresado tener dificultades para obtener papel.

El caso más significativo es El Impulso, el periódico más antiguo del país, que había anunciado que dejaría de circular el pasado 14 de septiembre. Reducido a un solo cuerpo de pocas páginas desde inicios de año, el papel que mantenía en los almacenes se les agotó. Su salvación fue, sin embargo, un acuerdo con la Corporación Maneiro, una empresa estatal, adscrita al Despacho de la Presidencia y creada el 31 de enero, a la que le dieron facultades para importar y vender papel.

El periodista e investigador Andrés Cañizález teme que, paulatinamente, la Corporación Maneiro termine por convertirse en el único ente autorizado para la importación de papel, creando un rol de monopolio estatal en la distribución. "Eso, como cualquier monopolio, es un peligro, ya que se elimina la libertad de elección. Los periódicos venezolanos no podrán escoger libremente a sus proveedores de papel, que sea el Estado, que ha definido una línea de hegemonía y control sobre los medios, quien ahora además pase a controlar la distribución de papel periódico, representa sin duda un grave riesgo de que el papel, así como se usa la asignación de publicidad oficial en el país, termine siendo un mecanismo de censura indirecta que se use para premiar o castigar líneas editoriales".

A su juicio, lo más ideal es que cada periódico tenga acceso a las divisas, si así lo desea, para hacer las importaciones de papel y otros insumos necesarios para su edición impresa.

En agosto de 2012 el Ejecutivo tomó la decisión de no incluir el material de prensa (papel, tintas y otros) como parte de los productos prioritarios para la importación. Así, no sólo no se goza de dólares preferenciales para adquirirlos en el exterior, sino que se obliga a las compañías a solicitar al Estado un certificado donde se evidencia que no se produce papel en el país, lo que tarda en ser entregado y es requisito indispensable para solicitar las divisas.

EL MONOPOLIO
Carlos Eduardo Carmona, presidente de El Impulso, recordó que su crisis por papel radica en que las empresas en Venezuela están trabajando con pago de contado con sus clientes en el exterior, debido a los problemas que viene atravesando de impago, lo que lo obliga a no poder financiar los suministros.

Para el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, los controles que el Ejecutivo tiene sobre la adquisición de papel y la creación de la Corporación Maneiro implican el monopolio de las bobinas de papel periódico para los diarios que se editan en Venezuela.

El riesgo de eso, dice, es que "va a tener preferencia los periódicos que dejen de ejercer alguna crítica contra el Gobierno. Es una preocupación que una sola empresa en el país sea la proveedora de papel para el medio de comunicación impreso, donde es necesario buscar la verdad, buscar la información veraz y completa al pueblo venezolano". Advierte, sin embargo, que con el control absoluto, negar el papel se convierte en censura y violaría lo que establece el artículo 57 y 58 de la constitución venezolana. "Si hay un medio impreso donde se acabe el papel, ese hecho evidencia que en Venezuela se perdió la democracia".

Óscar Lucién, doctor en ciencias de la comunicación e información, recuerda que es necesario insistir en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el número 5 se consagra que "las restricciones en la circulación de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo de la información, violan el derecho a la libertad de expresión". Defiende, además, que en la Constitución venezolana, además de la libertad de expresión, se garantiza el derecho a la información: "en la medida que los diarios se ven sometidos a este acoso incesante y asistemáticos obstáculos para su funcionamiento, se impide a la ciudadanía estar enterados de temas de sus más altos intereses".

RIESGO CIUDADANO
Sin prensa independiente, Lucién recuerda que entre los derechos humanos está la libertad de opinión y de expresión. "Es un derecho natural. Sin los medios de comunicación la información crece cada día, y crece de los rumores que no tienen sustento verdadero, donde la gente agrega cosas de acuerdo al interés que tienen". Una forma de combatir esto es permitiendo el trabajo profesional de los periodistas.

Guía dice que la sociedad merece saber la verdad para tomar las decisiones adecuadas, que no sea manejado y manipulado, ya que en el periodismo se debe hablar siempre con la verdad, donde no se puede mentir porque no tiene cavidad. "Debe haber una preferencia para que los periódicos que ofrecen empleo seguro, garanticen el servicio adecuado sin restricciones, sin tener que estar sabaneando ni buscando el dólar".

Coincide el comunicólogo con el gremialista. Ambos defienden que sin la información pertinente se mueve en la incertidumbre, el ciudadano es presa fácil de los rumores y se encuentra sumamente limitado en su toma de decisiones. Recuerdan que es importante tener claro que la libertad de expresión y derecho a la información no son temas privilegios de periodistas o dueños de medios.

Lucién dice que "todos los ciudadanos debemos ser más activos en su defensa, porque constituyen el oxígeno de la democracia, más aun, cuando la tristemente celebre hegemonía comunicacional del Gobierno, que yo llamo cerco rojo, es parte de un plan sistemático para imponer un "plan de la patria" que es contrario a la Constitución".