CARTA de DIEGO ARRIA y ADOLFO TAYLHARDAT - A los Representantes Permanentes de las Misiones integrantes de GRULAC

Nota de ex Embajadores Representantes Permanentes de Venezuela ante ONU: Diego Arria y Adolfo Taylhardat

VENEZUELA

Nosotros, Diego ARRIA y Adolfo TAYLHARDAT ex Representantes Permanentes de Venezuela ante las Naciones Unidas, y los últimos representantes de nuestro país ante el Consejo de Seguridad nos permitimos dirigirnos a ustedes con motivo del endoso de la candidatura de Venezuela como miembro no permanente al Consejo de Seguridad para el periodo 2015-16.

Distinguidos Representantes Permanentes:

Lo hacemos con el corazón pesado convencidos que tal decisión tiene, como muchos, sino todos ustedes conocen, consecuencias de extraordinaria importancia para la paz y la seguridad internacionales. Y por supuesto para el propio prestigio del GRULAC en el seno de las Naciones Unidas en el infortunado caso de que esta candidatura reciba el voto favorable de la Asamblea General.

Si bien es cierto que los candidaturas que endosa el GRULAC se hacen a titulo individual la condición de representantes de la región compromete tanto al pais endosado como al grupo regional que lo hace posible. Evidentemente el GRULAC está en pleno derecho de tomar esta decisión pero eso no implica de ninguna manera que se pueda desvincular o dejar de responsabilizarse por sus decisiones.

Distinguidos Representantes Permanentes:

La candidatura de Venezuela no podía presentarse en un peor momento, cuando fuerzas emergentes de la mayor peligrosidad amenazan la paz y la seguridad que tanta unidad necesita para hacerles frente. Precisamente, cuando el Consejo de Seguridad acaba de aprobar una resolución exigiendo a los países aprobar leyes que prohiban viajar al extranjero para unirse a grupos terroristas, o financiar esos esfuerzos,

En este particular es conocido que el régimen venezolano ha proporcionado credenciales y facilidades a individuos pertenecientes a grupos radicales de Oriente Próximo, incluyendo a Hezbolá. Igualmente está bien documentada su cooperación con los grupos narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).

Esta práctica, sin duda delictiva, es tan alarmante que cinco generales venezolanos han sido incluidos por la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos en la Lista kingpin que mantiene para todos aquellos cooperadores del tráfico de armas, de drogas y de lavado de dinero. Dos de estos oficiales son actualmente gobernadores de los Estados de Guárico y Trujillo, y miembros activos del Partido Socialista Unido de Venezuela. (El partido del régimen)

Con todo respeto debemos destacar que no luce responsable que Gobiernos que con toda legitimidad exhiben credenciales democráticas, y que incluso han sufrido bajo el flagelo dictatorial militar, apoyen a un régimen que durante los últimos 15 años se ha asociado con algunos de los peores y más infames personajes como Sadam Husein, Gadafi, al-Bashir, al-Asad, Ahmadineyad y Mugabe. Violando en muchos casos disposiciones expresas del propio Consejo de Seguridad. Y votando contra decisiones casi unánimes de la Asamblea General.

Distinguidos Representantes Permanentes:

Los Estados no son entes abstractos. Están poblados de gente por lo que ustedes no deben ignorar que las prácticas aplicadas por las brutales dictaduras del pasado latinoamericano han regresado a Venezuela

No hay enfrentamientos entre derechas o izquierdas, entre o socialismo versus capitalismo como falsamente argumenta el régimen venezolano. Lo que define hoy nuestra tragedia realidad es la política de estado que viola los derechos humanos de todo aquel que disienta del régimen, y estas violaciones son ejecutadas por miembros de la Fuerza Armada, de la Guardia Nacional y de cuerpos civiles y milicias armadas entrenadas por el régimen.

La comisión de delitos de lesa humanidad ha sido denunciada en la Corte Penal Internacional de la Haya. Primero en noviembre de 2011 contra Hugo Chávez quien falleció durante el proceso de investigaciones. En agosto próximo pasado la Alianza Parlamentaria Democrática de América (APDA) integrada por 300 diputados y senadores españoles y de América Latina presentó una denuncia contra Nicolás Maduro por la misma causa: delitos de lesa humanidad.

Es ampliamente reconocido el colapso de la democracia y del Estado de derecho, del linchamiento como modalidad judicial contra los disidentes, y de la tortura y la persecución como política de Estado debidamente documentadas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y por grupos de defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

En este particular dos casos son muy esclarecedores: el presidente Juan Manuel Santos, de Colombia, en su calidad de ministro de Defensa bajo el presidente Álvaro Uribe, documentó el rol criminal desempeñado por el régimen venezolano con las FARC, y aun a sabiendas de que tal asociación ha causado tanto sufrimiento a su propia gente, decidió dejar este gravísimo delito de lado para apoyar el régimen de Maduro.

Chile, que tanto se benefició de los anteriores Gobiernos democráticos venezolanos que ayudaron a liberar a dirigentes políticos prominentes del partido de la presidenta Bachelet presos por Pinochet, ni se inmuta al respaldar a un régimen igualmente militarizado.

Para concluir queremos recordarles que Venezuela ha pertenecido en cuatro ocasiones al Consejo de Seguridad. La última vez en 1992- 1993, cuando tuvimos el privilegio de ser los aquí firmantes sus representantes. Siempre votada por consenso, como reconocimiento a su acción confiable y responsable dentro de la comunidad internacional, así como por su acción como promotor y defensor activo de los derechos humanos y del derecho internacional.

Afortunadamente, a pesar del respaldo dado por ustedes a Venezuela, la decisión final para elegir a los representantes en el Consejo de Seguridad recae en la Asamblea General que confiamos entienda que esta candidatura del régimen venezolano no responde para nada al interés general de la comunidad internacional. Y que por lo contrario la infame realidad vigente en nuestro pais, junto con la inexistencia de la libertad de expresión, hace de Venezuela el peor y más descalificado candidato para representar a América Latina y el Caribe.

No somos ilusos para creer que ustedes vayan a cambiar su compromiso con el régimen tiránico y militarizado de Venezuela. Pero queremos dejar constancia pública ante sus parlamentos y sociedades en general que este compromiso lo asumieron en pleno conocimiento de la realidad que sufrimos los venezolanos ante la indiferencia colectiva de América Latina y el Caribe al que por tantos años la Venezuela democrática y libre del pasado les ayudó en sus propias causas.

¿Qué puede explicar semejante posición de los Gobiernos latinoamericanos y caribeños?

Nada debería poder explicarlo.

Con toda deferencia,

Diego E. Arria
Adolfo Taylhardat


Caracas 10 de octubre de 2014

We, Diego Arria and Adolfo Taylhardat former Permanent Representatives of Venezuela to the UN, and to the last opportunity that our country sat in the Security Council take the liberty of writing to you on the issue of the Venezuelan candidacy for a non-permanent seat at the Security Council 2015-16.

We assure you that we do it with a heavy heart, but we know well the consequences that such an unfortunate decision would have for the Security Council if the Venezuelan regimen is elected by the General Assembly.

Distinguished Permanent Representatives:

Latin American and Caribbean governments have endorsed the Venezuelan communist tyranny created by Hugo Chavez by choosing his appointed substitute, Nicolas Maduro, to represent them in a non-permanent seat at the UN Security Council for the period 2015-16.
This could not come at a worse moment — when you all know that emerging and dangerous forces are threatening world peace and security. We badly need unity to face these threats.

A pointed, recent example: Just last month, the Security Council unanimously passed a resolution urging countries to pass laws against their citizens traveling abroad to join terrorist groups or financing those efforts.

In this context it is important to note that Venezuela’s regime is known for providing passports, and credentials to many individuals in the Middle East who belong to radical groups, including Hezbollah, as well as cooperating and providing logistics for narco terrorists groups such as the Revolutionary Armed Forces of Colombia.

So well-established are these bad deeds, five high-ranking Venezuelan generals have been included by the U.S. Treasury Department on its “kingpin list.” Two of them are today state governors (Trujillo and Guarico) and active members of the ruling United Socialist Party of Venezuela.

It is shameful and irresponsible that Latin American and Caribbean governments, which by and large pride themselves on being democratic and in some cases have suffered from military domination in their recent histories, are lending their support to a regime that for the last 15 years has been associated with some of the world’s infamous leaders — men like Iraq’s Saddam Hussein, Libya’s Muammar Gaddafi, Sudan’s Omar al-Bashir, Syria’s Bashar Assad, Iran’s Mahmoud Ahmadinejad and Zimbabwe’s Robert Mugabe.

These governments know full well of the collapse of democracy in Venezuela. They know full well the magnitude of its infamous record on human rights, including the recent arrest and torture of political and student leaders duly documented in the UN Council of Human Rights as well as by human rights groups such as Amnesty International and Human Rights Watch.

Given all that they know, why are these Latin American and Caribbean governments nevertheless giving in? Some, to pay for favors received through Venezuela’s “petro-dollars diplomacy,” through the Petrocaribe Oil Alliance and the Bolivarian Alliance of the Americas.

In two cases, the acquiescence is especially illuminating: President Juan Manuel Santos of Colombia, while acting as minister of defense under President Alvaro Uribe’s government, documented the criminal role played by the Venezuelan regime with the narco-terrorist group FARC. Despite seeing up close how this association caused so much suffering to his own people, he has chosen to endorse the Maduro regime.

Meanwhile, Chile, which benefited so much from the previous Venezuelan democratic governments — which helped to liberate prominent politicians of President Bachelet's own party who were prisoners by the Pinochet dictatorship — is oddly unfazed to now endorse a military controlled regime.

Venezuela has served in the Security Council four times. The last time was in 1992-93, when we had had the privilege to be its representatives. Our selection was always by consensus, as my country distinguished itself as a reliable and trustworthy member of the international community and active promoter and defender of human rights and respect for international law.

Given its recent record on these fronts, Venezuela has not earned its way back. Knowing that Venezuela’s candidacy does not respond to the general interest of the international community, the General Assembly should not provide the two-thirds majority required to be elected.

Venezuela does not deserve a seat on the most important arm of the United Nations. Your government has a major opportunity to insure that a rouge regime like Venezuela is kept off the UN Security Council.

Respectfully yours,

Diego Arria
Adolfo Taylhardat

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