DOCUMENTO DEL G400

El G400+ VENEZUELA ANTE EL COLAPSO DE LA DEMOCRACIA VENEZOLANA

1. El G 400+ se dirige a la comunidad internacional, y de manera particular a los países miembros de UNASUR, OEA, MERCOSUR Y la CUMBRE IBEROAMERICANA para denunciar que en las últimas semanas del año 2010 se ha producido en Venezuela un grave atentado contra la institucionalidad democrática y contra el orden constitucional al dotarse el presidente Hugo Chávez de una nueva ley habilitante que le permitirá dictar decretos con fuerza de ley durante otros 18 meses, anulando de esa manera la función legislativa de la Asamblea Nacional que iniciará sus labores el 5 de enero próximo. Esto configura una amenaza real de ruptura del orden democrático y de violación del orden constitucional que pone en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos para cuya tutela los países de la región han adoptado, dentro del Marco de la OEA, de UNASUR, de MECOSUR, y de la Cumbre Iberoamericana, la Carta Democrática Interamericana y las diferentes Actas y Protocolos democráticos.
2. Adicionalmente, el presidente Chávez ha hecho aprobar por la Asamblea Nacional saliente una serie de leyes que también vulneran los alcances de la Carta Democrática Interamericana y de las diferentes cláusulas democráticas aprobadas en esos organismos hemisféricos y regionales con la finalidad de consolidar la democracia representativa, asegurar la vigencia del Estado de Derecho y fortalecer la defensa de los derechos humanos.
3.  La Ley Habilitante y la cadena de leyes (más de 20) sancionadas aceleradamente, sin cumplir los procedimientos legislativos contemplados en la Constitución, sancionadas por una Asamblea Nacional, integrada en su mayoría por diputados absolutamente al servicio del presidente Chávez le ha permitido implantar las reformas constitucionales que la ciudadanía venezolana rechazó en el referendo realizado en el año 2007.
4.  En abierta violación del Artículo 2º. de la Constitución Nacional de 1999 el cual establece que Venezuela es un Estado democrático que propugna como valores superiores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, el Presidente Chávez persigue transformar a Venezuela en un país comunista centralizado desconociendo el régimen de Estado federal descentralizado que también contempla la Carta Magna y modificando a su antojo la estructura político-territorial consagrada también en nuestra Ley fundamental.
5.  Esas normas inconstitucionales y violatorias de Acuerdos Internacionales en materia de Derechos Humanos y Democracia establecen procedimientos totalitarios, no solo para impedir que la nueva Asamblea Nacional pueda cumplir con sus funciones legislativas y de control de los órganos del Poder Público y establecen condiciones inaceptables para la existencia misma del Estado de Derecho; permiten designar Jueces ideologizados incondicionalmente leales al primer mandatario nacional; coartan las posibilidades de la Asamblea Nacional de fijar su reglamento interior y de debates; restringen las facultades legislativas al imponer una Ley Habilitante para que el Presidente Chávez legisle sin control alguno; acaban con la autonomía Universitaria; impiden el diálogo entre los parlamentarios con amenazas de inhabilitación parlamentaria mediante la “Ley Anti Talanquera”; establecen normas que restringen y coartan el derecho a la propiedad privada, establecen limitaciones al funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y pretenden controlar la cooperación internacional; imponen restricciones inaceptables a la libertad de opinión y comunicación y permiten censurar los medios de comunicación; establecen control sobre el uso de internet, y muchas otras leyes que contradicen y violentan normas expresamente consagradas por la Constitución y principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana y en las cláusulas democráticas de las organizaciones regionales.
6.  Los abusos de poder, resultado de los escandalosos actos de ventajismo ejecutados por una Asamblea Nacional monocolor (con la digna excepción de los diputados disidentes que rompieron con el Chavismo) han dado como resultado la aprobación ilegitima de un tejido de normas cuyos alcances están a la vista y cuyo resultado será derogar por la vía de hecho la Constitución Nacional, poner fin a la institucionalidad democrática de Venezuela y convertir el país en un Estado comunista, copia carbón del fracasado experimento castro-comunista cubano.
7.  Los venezolanos que no compartimos el proyecto chavista del comunismo del siglo XXI hemos sido privados de los recursos que la democracia ofrece para hacer frente al embate chavista contra la legalidad y la constitucionalidad en nuestro país. Fieles a nuestra convicción democrática, pacientemente hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para salvaguardar, por la vía constitucional, electoral, la democracia representativa
8.  La Constitución Nacional, artículo 333 establece que esa Ley fundamental no perderá su vigencia ni dejará de observarse si fuera derogada por cualquier medio no previsto en ella. Además, el artículo 350 autoriza al pueblo venezolano a que, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconozca cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
9.  Proponemos que los diputados demócratas de la nueva Asamblea planteen formalmente el día de la instalación de la Asamblea Nacional, la derogatoria de todas las leyes sancionadas desde el 26 de septiembre hasta el 5 de enero de 2011, por ilegítimas, contrarias a la voluntad popular y a la Constitución Nacional, por haber sido sancionadas ; además de haberse sancionado ignorando la nueva representatividad democrática resultante de las elecciones de septiembre y, por encima de todo, porque persiguen implantar las reformas constitucionales que el pueblo soberanamente rechazó en el referendo del 2007.
10.  Proponemos también que los diputados demócratas declaren, en representación de la mayoría del pueblo de Venezuela, que desconocen y desconocerán toda legislación contraria a los valores, principios y garantías democráticas, y convoquen al país a actuar en consonancia con dicho desconocimiento. Esto implica que los diputados demócratas asuman desde el primer día de sus funciones su responsabilidad como representantes legítimos del pueblo, negándose a hacerle el juego al oficialismo grupo oficialista que presida la Asamblea Nacional. Necesariamente deberán plantarse y ejercer el derecho que establece el Artículo 350 de la Constitución de la República.
11. La comunidad internacional no podrá sorprenderse si, en aplicación de las dos disposiciones citadas de la Constitución Nacional, la ciudadanía resuelve manifestarse contra un régimen que pretende derogar la Carta Magna, y pisotear los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia consagrados en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana, a cuya defensa y protección se han comprometido los gobiernos miembros la OEA, UNASUR, MERCOSSUR y la Cumbre Iberoamericana.
12. Ha llegado el momento de que los gobiernos demócratas del mundo hagan un pronunciamiento firme, enérgico y oportuno en defensa de la institucionalidad democrática de Venezuela. Un pronunciamiento de esa naturaleza es importante para los venezolanos porque de su impacto depende el rumbo que tomará la defensa de su democracia que asuman los venezolanos en uso legítimo de los recursos que les proporciona la Constitución Nacional.